Ante la falta de recursos, la Provincia intervino para garantizar la operatividad del aeropuerto de Posadas
En un reciente informe interno de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se reveló una preocupante carencia de equipamiento necesario para enfrentar un posible incendio en el aeropuerto Libertador General José de San Martín de Posadas. Esta situación pone en riesgo la operatividad del aeropuerto, fundamental para el tránsito de cientos de pasajeros.
En este marco, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que la provincia ha intervenido “de inmediato”, aportando los recursos necesarios para mantener el funcionamiento del aeropuerto hasta que el Gobierno nacional, responsable en última instancia, tome medidas para resolver el problema.
“Se trata de una cuestión que amerita la intervención nacional para solucionarla”, expresó Pérez, subrayando que la posibilidad de un cierre temporal del aeropuerto sería perjudicial para los pasajeros y la conectividad regional.
En respuesta a la situación, el director Regional de la ANAC, Maximiliano Rea, y el letrado Franco Carbonari visitaron Posadas para inspeccionar el aeropuerto y evaluar los elementos operativos disponibles.
Walter Ríos, encargado de la seguridad operacional del aeropuerto, insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional proporcione soluciones inmediatas para garantizar la seguridad y operatividad de los aeropuertos en todo el país.
Este incidente ocurre en un contexto en el que Argentina está avanzando hacia una política de “cielos abiertos”. Sin embargo, el sistema de control y regulación del país enfrenta serios desafíos. Un reciente informe destaca que Argentina cumple apenas con el 37% de los requisitos necesarios para la supervisión y control de las operaciones aeronáuticas. Esta deficiencia podría llevar a una rebaja en la categoría operativa del país por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que realizará una auditoría en septiembre próximo.
La intervención nacional en la ANAC, con una duración de 180 días y liderada por María Julia Cordero, busca evitar una sanción de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. La última vez que Argentina enfrentó una situación similar fue en 2002, cuando la baja calidad de las operaciones locales resultó en una reducción de la categoría operativa, la cual se recuperó en 2005 durante la visita del presidente George Bush.