Milei desmanteló el organismo que busca a los niños apropiados durante la dictadura
El Gobierno dispuso el vaciamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el organismo que se encarga de localizar a los bebés robados durante el terrorismo de Estado.
El gobierno le dio una uneva estocada al proceso de verdad y justicia. Por decreto, Javier Milei avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los niños y las niñas robados durante la dictadura.
La Conadi ya no contará con su Unidad Especial de Investigación (UEI), por lo que no podrá conducir pesquisas ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años.
“Esto es totalmente maligno. Están deshaciendo una institución de muchísimos años. Es una vejación más que hace este gobierno a los derechos humanos”, denunció Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las Abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas. Como distintos entes estatales, la Conadi se fue moldeando a través de distintas gestiones gubernamentales que se comprometieron con encontrar a los bebés que habían sido arrancados de sus familias durante los años del terrorismo de Estado.
Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001, su existencia quedó ratificada por ley.
En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto, el 715, a través del cual se creaba una UEI dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.
La Conadi recibe denuncias –que pueden provenir de Abuelas o de alguien que pueda aportar un dato para encontrar a las personas que se buscan– y presentaciones espontáneas de quienes tienen dudas sobre su origen biológico. Por ley, es el nexo con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El 90 por ciento de los casos que llegan al BNDG lo hacen desde la Conadi.
El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron la decisión en redes sociales. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante.
Un mes después, se filtró el proyecto de decreto que había redactado Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona, en el ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo denunció que se estaba preparando el vaciamiento del organismo. A los pocos días, corrieron a Claudia Carlotto de la dirección de la Conadi.
Los argumentos
Cuando parecía que el tema había quedao en el tintero, el decreto se publicó en el Boletín Oficial (BO) con las firmas de Javier Milei y Cúneo Libarona. El argumento para cerrar la UEI es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, ya que éstas deberían quedar en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF). “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024.
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