El Gobierno oficializó el veto total a la movilidad jubilatoria y la ley vuelve a Diputados
“Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, argumenta el Gobierno entre sus considerandos para vetar la ley.
“A los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y el crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”, dice sobre el final el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial para plasmar lo que el presidente Javier Milei ya había anticipado en cuanto el Congreso aprobó el pasado 22 de agosto la reforma previsional y una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
“Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, argumenta el Gobierno entre sus considerandos para vetar la ley.
Al mismo tiempo, a través de otra disposición publicada en el Boletín, se mantiene para septiembre el bono extra de ayuda a los jubilados y pensionados en $70.000, mismo monto desde hace meses.
La ley que votó el Senado (con 61 votos afirmativos y 8 negativos) para su aprobación definitiva tras la media sanción en Diputados mantenía el esquema de actualización por inflación (índice IPC del Indec) aprobado a través de un DNU firmado por Milei en marzo, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.
Además, se disponía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivalía a $321.600, $15.000 más que el monto de junio.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cambios en la movilidad significarían un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año. El comunicado de la Oficina del Presidente, por su parte, afirmaba que la ley “implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos”.
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